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La responsabilidad penal en CAPECO

veronica — Mon, 02 Nov 2009 21:28:48 +0000

Aplacadas las llamas en las instalaciones de la Caribbean Petroleum Corporationn (CAPECO), compete la labor de investigar las causas del siniestro y procesar a los responsables por los daños causados.

Los daños al ambiente resultan graves y patentes. El incendio liberó múltiples contaminantes a la atmósfera, que luego se depositaron en los suelos y aguas circundantes. También afectó directamente la flora y la fauna cercana. Más importante, el evento expuso a la población a un riesgo innecesario e injustificable para su salud. La magnitud del impacto ambiental amerita que el Estado responda utilizando toda la fuerza de ley.

Aunque el proceso investigativo recién inicia, se sospecha que el incendio pudo deberse a actos intencionales o negligentes. En ambas circunstancias, los responsables de la explosión pueden haber cometido una serie de delitos tantos estatales como federales, incluyendo delitos ambientales.

El Código Penal establece como delito poner en peligro la vida o salud humana, o causar daño al ambiente, al provocar una explosión. La legislación especial estatal y federal también imponen sanciones penales para conductas que afectan el medio ambiente. Por ejemplo, bajo la Ley Federal de Aire Limpio, emitir contaminantes regulados al aire, en violación de la ley, acarrea sanciones penales.

La creación de delitos ambientales y su posterior codificación, demuestra el reproche de la sociedad hacia conductas que perjudican gravemente el medioambiente o la salud humana. Sin embargo, la aplicación de estos delitos ha sido pobre. Este lamentable incidente brinda al Estado la oportunidad de demostrar que está dispuesto a aplicar las sanciones penales pertinentes, establecidas desde hace décadas con la finalidad de proteger el ambiente y la salud de los seres humanos que hayan sido víctimas del delito.

No pretendemos prejuzgar los sucesos acaecidos en planta, o especular sobre sus causas. Más bien exhortamos a las autoridades pertinentes a considerar lo ocurrido como un atentado contra el ambiente y la salud humana.

Entrevista Radial: Fuego Gulf CAPECO

rafacancel — Sun, 01 Nov 2009 22:54:49 +0000

Entrevista radial realizada el 27 de octubre de 2009 sobre el fuego de la GULF CAPECO.

Programa: Y si no lo digo, reviento
Por: Profesora Inés Quiles
Invitada: Lcda. Verónica González Rodríguez (ANDA)
Estación: Radio Isla 1320
Hora: 10am-11am

Hoy en las noticias: Junta de Planificación anuncia vistas públicas sobre el PIDES

veronica — Mon, 14 Sep 2009 13:23:12 +0000

La Junta de Planificación anunció recientemente que celebrará vistas públicas sobre el borrador del Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible de Puerto Rico (PIDES). El PIDES pretende establecer una nueva visión para el futuro desarrollo de la Isla, basado en tres pilares: competividad económica, balance entre el desarrollo y la conservación, y el desarrollo social integral.

El PIDES va mucho más allá de la planificación de los suelos. Su contenido incide además en temas tan importantes como ambiente, educación, cultura, salud, energía, infraestructura, economía y empleos. Las ideas y visión plasmadas en el PIDES son de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Con este documento, la Junta de Planificación pretende establecer los preceptos que dirigirán el desarrollo de Puerto Rico a largo plazo. Por tanto, es ahora, ante la posible aprobación del plan, que se determinará la visión que regirá el desarrollo económico, social y ambiental de nuestra Isla.

La participación ciudadana en el proceso de elaboración del PIDES resulta imprescindible. La Junta de Planificación estará celebrando vistas públicas sobre el borrador del PIDES entre los días 16 y 21 de septiembre, en distintos puntos alrededor de la Isla. Además, la Junta estará aceptando comentarios al PIDES a través de correo electrónico, ofreciendo incluso la confirmación obligatoria a los mensaje recibidos. Puede acceder a la página electrónica de la Junta de Planificación para obtener el borrador del PIDES y más información sobre las vistas.

Exhortamos a todos los radioescuchas a participar activamente de este proceso. ¡Participar es poder!

Hoy en las noticias: Cumpliendo orden del Tribunal, abren acceso a la playa de Isla Verde

veronica — Tue, 01 Sep 2009 13:32:05 +0000

Por: Jessabet Vivas Capó

Ante la inercia de las autoridades estatales, ciudadanos preocupados por el ambiente y por el acceso del Pueblo a sus recursos costeros, se armaron de conciencia y bajo el sol del mediodía, removieron los portones que ilegalmente obstruían el paso al pedazo de playa de Isla Verde ubicado al lado del edificio Waldorf Towers.

Esta acción se llevó a cabo luego de que el 22 de enero de este año, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina ordenara al Consejo de Titulares del Condominio Waldorf Towers a remover los portones y verjas que ellos ilegalmente colocaron y que impedían el libre acceso a la playa de Isla Verde, la cual es un bien de dominio público.

La Orden del Tribunal es producto de una Demanda presentada por el Estado el 18 de noviembre de 2008 contra el Consejo de Titulares del mencionado edificio. Basados en la cláusula de la Constitución de Puerto Rico que advierte que los fondos y propiedades públicas sólo podrán disponerse para fines públicos, el Gobierno demandó al Consejo de Titulares de Waldorf Towers por éstos construir ilegalmente en terrenos del ELA portones de acceso y verjas.

Además de construir en terrenos de dominio público, los vecinos de Waldorf Towers colocaron los mencionados portones sin contar con los permisos de las agencias concernientes. Ante esta situación, el ELA le solicitó al Tribunal que ordenara la remoción de los portones y que prohibiera de modo permanente la construcción de cualquier otra obra de control de acceso en el área.

A pesar de haber transcurrido aproximadamente 7 meses desde que el Tribunal emitiera su Orden, no fue hasta el miércoles de la semana pasada que los portones fueron removidos. Y esto sólo luego de que los ciudadanos se viesen en la necesidad de hacer valer la orden judicial ante la inacción del Estado.

Puede ver más información sobre el proceso legal que culminó con la remoción de los portones AQUÍ.

Hoy en las noticias: El ambiente en Villas del Sol

veronica — Tue, 18 Aug 2009 14:10:08 +0000

Puede presionar sobre la noticia para verla más grande:

Enlace directo en endi.com: http://www.elnuevodia.com/columna/607185/

Esta opinión también fue publicada en el noticiero de Radio Universidad.

Aquí está el texto.

Por: Verónica González y Jessabet Vivas

Dentro de un escenario plagado de violencia, xenofobia y marginación, el desalojo de los residentes de Villas del Sol encontró como argumento de apoyo la inundabilidad de los terrenos.

Históricamente, los reclamos de vivienda segura y protección de los valles inundables han sido formulados por los movimientos sociales y ambientales. No obstante, en un intento de justificar el desplazamiento de los residentes de Villas del Sol, es ahora el Estado quien se opone a la construcción en terrenos inundables.

Por supuesto, ésta no es la primera vez que el Estado se apropia del discurso ambiental para favorecer intereses privados ajenos a las necesidades del pueblo. Lo vimos tan recientemente como en el debate sobre el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Ante el desmantelamiento del Fideicomiso, hubo quien a modo de denuncia dijo que los residentes ocupaban bienes de dominio público y que han sido responsables por la degradación del Caño.

Resulta interesante que el Estado parece adoptar el discurso ambiental en situaciones que afectan a grupos económicamente desaventajados. Cuando entidades económicamente poderosas invaden terrenos que no les pertenecen, como lo es la zona marítimo-terrestre, sus acciones frecuentemente son validadas a través del proceso de permisos. Cuando proyectistas desean construir en terrenos inundables, el Gobierno acude a la tecnología, habilita la tierra, y aprueba la construcción. Pero por alguna razón, cuando los beneficiarios son personas pobres, la situación parece ser diferente.

No podemos aceptar que se use el discurso ambiental para atropellar los derechos de los pobres. La acción contra los residentes de Villas del Sol es incompatible con el reclamo de justicia social, inseparable de la protección medioambiental.

Hoy en las Noticias: Victoria legal del CEN

veronica — Thu, 30 Jul 2009 21:50:50 +0000

Por: Jessabet Vivas Capó*

El Corredor Ecológico del Noreste (conocido como CEN por sus siglas) es un área de enorme valor natural en el litoral costero entre Luquillo y Fajardo. Sus más de 3,000 cuerdas de terreno son una mezcla de playas, bosques, pantanales, comunidades de coral y una bahía bioluminicente. En el Corredor está la playa La Selva, la cual nos ha traído gran fama internacional en el mundo del “surfing”. Además, en el CEN habitan aproximadamente 40 especies endémicas, muchas de éstas en peligro de extinción. El esplendor del CEN ha ganado en el Tinglar a uno de sus mayores admiradores. El tinglar, ha convertido al Corredor en uno de sus lugares favoritos para anidar sus huevos.

El esplendor del Corredor Ecológico del Noreste llevó a que proyectistas locales e internacionales planearan construir allí 2 proyectos turístico-residenciales y 3 campos de golf. Ante esta amenaza, diversos grupos ciudadanos y ambientales comenzaron una campaña informativa sobre la necesidad y deseabilidad de proteger el CEN como reserva natural. El 4 de octubre de 2007, el entonces Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, suscribió una Orden Ejecutiva mediante la cual designó al Corredor Ecológico del Noreste reserva natural.

Uno de los proyectos turístico-residenciales que estaban propuestos a desarrollarse en el CEN era Dos Mares. Dos Mares era dueña de 140 cuerdas y tenía una opción para arrendar 214 cuerdas propiedad de la Compañía de Fomento Industrial. Los proyectistas de Dos Mares, en respuesta a la Orden Ejecutiva que designó al CEN reserva natural, presentaron en febrero de 2008, una Demanda de Sentencia Declaratoria contra el entonces Gobernador y el Secretario de Justicia. En la Demanda Dos Mares alegó, entre otras cosas, que el Gobernador no tenía autoridad para designar el CEN como reserva natural mediante una Orden Ejecutiva, pues esto sólo lo podía llevar a cabo la Legislatura con una Ley, y que la designación del CEN como reserva natural impedía el desarrollo del proyecto de Dos Mares y por ende, equivalía a una incautación de su propiedad sin un debido proceso de ley anterior.

El pasado, 10 de julio de 2009, el Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, José Negrón Fernández, desetimó la Demanda y dictó una Sentencia Sumaria a favor de los demandados. Al resolver, el Juez Negrón Fernández estableció que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo VI, Sección 19, ordena al Gobierno de Puerto Rico a proteger los recursos naturales. Y que este mandato constitucional, junto con las leyes que lo definen, facultan al Gobernador a proteger al Corredor Eológico del Noreste mediante Orden Ejecutiva.

*La autora es miembro de ANDA, Inc.

Hoy en las Noticias: La certeza de los permisos

veronica — Wed, 15 Jul 2009 14:10:52 +0000

Recientemente, ANDA, Inc. inició una serie de segmentos informativos en Hoy en las Noticias de Radio Universidad. Cada dos semanas, un representante de ANDA, Inc. discute algún tema de actualidad sobre derecho ambiental.

Para beneficio de nuestros lectores, estaremos reproduciendo por aquí el texto del segmento. Comenzamos hoy con el segmento sobre la certeza de los permisos en el proyecto para reestructurar el procedimiento de otorgación de permisos, preparado por la Lcda. Jessabet Vivas Capó y el Lcdo. Luis José Torres Asencio. !Pendientes a Radio Universidad y este foro para seguir los futuros segmentos!

La certeza de los permisos

La nueva ley de permisos fue aprobada en la Cámara de Representantes con algunas enmiendas. A pesar de las enmiendas hechas, el proyecto de ley sigue teniendo graves problemas. Una de las áreas más polémicas se titula “Certeza de los permisos”.

El enmendado P. de la C. 1649, establece que los permisos aprobados por las agencias y posteriormente confirmados por los tribunales “no podrán ser impugnados y deberán ser respetados por las entidades gubernamentales y terceros.” Esto significa que una vez se concede un permiso, ese permiso jamás podrá ser revocado, salvo que se demuestre que el mismo fue obtenido mediante algún delito, fraude o extorsión. Peor aún, la medida obliga a las agencias administrativas a defender la validez del permiso, aún cuando las mismas agencias descubran que el permiso viola las leyes y reglamentos vigentes o una persona interesada les someta evidencia nueva que lo demuestre.

Es obvio que los procesos de permisos tienen que tener fin. Sin embargo, la nueva ley de permisos dispone de un término demasiado corto para la evaluación de las solicitudes de permisos independientemente de la magnitud de las obras propuestas. La rapidez que la ley dispone para que se lleven a cabo las autorizaciones de permisos, abre las puertas a que los funcionarios cometan errores en su evaluación de solicitudes, e impide que las personas interesadas puedan investigarlos detenidamente para presentar su posición y someter evidencia sobre el cumplimiento o incumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes.

Este problema se agrava cuando se trata de proyectos impulsados o avalados por el Gobierno de turno en los que existen presiones adicionales para que los funcionarios de las agencias que evalúan estas solicitudes autoricen las obras propuestas. Si unimos la falta de tiempo a la presión por autorizar permisos, quedamos con que las determinaciones que surjan del proceso de análisis expedito no merecen ser irrevocables. De aprobarse como está actualmente redactado, este proyecto permitirá que obras ilegalmente construidas, pero avaladas por el Estado, permanezcan erigidas como recuerdos de que en Puerto Rico, pesa más el interés de aprobar proyectos de construcción con rapidez, que el de aprobar proyectos de construcción de manera legal.

A propósito de la fianza para paralizar obras

veronica — Sat, 20 Jun 2009 21:11:52 +0000

Por Luis José Torres Asencio*

Entre las innumerables propuestas controversiales del P de la C 1649 y el P del S 880, para crear la Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otrorgamiento de Permisos, el requisito de prestar una fianza para paralizar la efectividad de permisos resulta particularmente problemático.

En la actualidad, la presentación de un recurso al tribunal para revisar la validez de un permiso no paraliza su vigencia. Es decir, en términos generales, la agencia que lo expide puede continuar sus procedimientos y la persona a quien le fue concedido puede comenzar las obras, sin importar que exista un procedimiento judicial que trata sobre la validez del permiso. Sin embargo, la parte que impugna el permiso puede presentar un escrito en “auxilio de jurisdicción” para argumentar que las obras y procedimientos deben ser paralizadas hasta tanto el caso se resuelva en su totalidad. Al evaluar si procede la paralización, los tribunales evalúan si: (1) la parte que la solicita tiene gran probabilidad de prevalecer en el caso; (2) demuestra que sufrirá un daño irreparable; (3) la paralización causaría daño sustancial a las demás partes; y (4) perjudicaría el interés público. Por ejemplo, cuando la impugnación del permiso es inmeritoria y el tribunal entiende preliminarmente que avalará el permiso, no procede la paralización. Ahora bien, cuando existe gran probabilidad de que la agencia erró al otorgar el permiso y se demuestra que las obras causarán daños irremediables a las personas afectadas o al ambiente, la balanza se inclina hacia la paralización.

Los proyectos ante la consideración de ambos cuerpos legislativos añadirían un nuevo requisito: la prestación de una fianza “equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir” el titular de un permiso de decretarse la paralización. Aunque se dice que esta fianza serviría de disuasivo contra la paralización de proyectos en casos inmeritorios, lo cierto es que la misma resulta innecesaria para ello pues, en la actualidad, los recursos frívolos no justifican la paralización de proyectos. De hecho, al presente son muy pocos los casos en que los tribunales paralizan proyectos, dado que éstos conceden mucha deferencia a las agencias encargadas de estos asuntos.

El efecto real de esta fianza es que impondría un obstáculo sustancial para la paralización en casos en que exista gran probabilidad de que el permiso sea contrario a las leyes o reglamentos aplicables. En estos casos, si la parte que impugna los permisos desease evitar que sus efectos continúen, tendría entonces que pagar para detener lo que probablemente sea una construcción ilegal. Si a esto se le añade que ambos proyectos prohíben la demolición de obras construidas al amparo de permisos expedidos erróneamente, el requisito de fianza podría causar que obras cuya ilegalidad es patente no puedan detenerse a tiempo, y el pueblo tenga que, una vez más, tolerar la existencia de estructuras ilegalmente construidas.

La fianza también sería nociva para comunidades de escasos recursos, las cuales quedarían privadas de este mecanismo para procurar la paralización de obras autorizadas erróneamente. El efecto de este requisito permanecería aun si, como se ha sugerido, se provee ayuda económica para prestar fianzas. Bajo este supuesto, estas comunidades aún tendrían que aportar alguna cantidad de dinero y quedaría incólume el efecto intimidatorio del requisito monetario para hacer uso de este mecanismo, efecto que no está presente cuando las partes afectadas poseen suficientes recursos.

En fin, el requisito de fianza es innecesario, dado que ya existen mecanismos para evitar la paralización de casos inmeritorios, e injusto, pues pesa mayormente sobre comunidades marginadas. Si bien es importante proveer estabilidad a las determinaciones sobre permisos, dicho interés no puede ser óbice para paralizar los efectos de permisos erróneamente expedidos. De lo contrario, el derecho a la revisión se convertirá en una promesa vacua, pues poco importará que un foro revisor concluya que un permiso fue ilegalmente aprobado si, al final de cuentas, nada se podrá hacer en cuanto a la obra ilegalmente construida.

*El autor es abogado y miembro de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Inc.

No por la gracia de su discreción: El derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas

veronica — Wed, 15 Apr 2009 22:11:20 +0000

El periódico Claridad, en su edición del 16-22 de abril, publicó los comentarios de ANDA al Proyecto de la Cámara 537. Este proyecto, como se mencionó en una entrada anterior, convertiría en discrecional la revisión judicial de las decisiones administrativas. AQUI, puede obtener más información sobre el proyecto, incluyendo algunas ponencias presentadas ante la Comisión de Gobierno.

Puede acceder a la edición digital de Claridad presionando AQUI.

El derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas y el PC 537

Claridad en la Nación

Laura García, Verónica González y Luis José Torres*/Especial para Claridad

De imprevisto y sin participación pública, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 537 (PC 537), presentado por la representante Jennifer González. El Proyecto, ahora ante la consideración del Senado, tiene como propósito enmendar la Ley de la Judicatura de Puerto Rico y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) con el propósito de establecer que el Tribunal de Apelaciones revisará a su discreción las decisiones, órdenes y resoluciones administrativas, limitando el acceso a las cortes a quienes se vean afectados por una decisión de una agencia administrativa.

En la actualidad, tanto la LPAU como la Ley de la Judicatura disponen que las decisiones, órdenes o resoluciones finales de las agencias, serán revisadas como cuestión de derecho. La revisión judicial como cuestión de derecho significa que el Tribunal de Apelaciones tiene que pasar juicio sobre las controversias planteadas por una parte, en un recurso de revisión administrativa.

La aprobación de este proyecto de ley afectaría a toda la ciudadanía: a la madre que exige pensión alimentaria; al obrero que enfrenta un despido; al confinado que desea hacer valer sus derechos ante la Junta de Libertad bajo Palabra; a la asociación de residentes que desea proteger su comunidad ante excepciones a la zonificación de su área; al ciudadano que desea intervenir en un procedimiento para velar que se cumplan las leyes ambientales, y muchos otros.

El pasado 1ro de abril, la Comisión de Gobierno del Senado celebró vistas públicas sobre el Proyecto. La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Inc. (ANDA) presentó a los miembros de la comisión los siguientes comentarios y consideraciones en oposición al Proyecto.

Conceptos generales
sobre la apelación judicial
La revisión judicial es una exigencia de nuestro sistema republicano de gobierno, basado en la separación de poderes. En este sistema de pesos y contrapesos, es la revisión judicial lo que alcanza y mantiene el delicado balance de poderes. En el caso particular de las decisiones administrativas, la revisión judicial resulta aún más apremiante. El profesor Demetrio Fernández explica que la revisión judicial asegura que las “agencias administrativas actúan dentro del marco del poder delegado y… evit[a] que esos organismos transciendan los poderes estatutarios al llevar a cabo sus tareas y funciones”.

En el 2003, las enmiendas a la Ley de la Judicatura impusieron al Tribunal de Apelaciones la obligación de revisar como cuestión de derecho las decisiones, órdenes y resoluciones de organismos administrativos. No obstante, ya para 1987, cuando se debatía la creación de un tribunal apelativo, la Comisión Asesora para estudiar la estructura y organización de los tribunales de instancia, recomendó la revisión como cuestión de derecho, señalando:

[E]l ciudadano aspira a una oportunidad real de justicia apelativa ante un tribunal colegiado, no por la gracia de su discreción sino como cuestión de derecho. Cuando el ejercicio de la discreción es adverso a la parte que solicita la revisión… persiste la impresión de que el tribunal no consideró verdaderamente los méritos del caso y que la justicia no fue bien servida.

La garantía de revisión administrativa reconoce a las partes o al Estado una efectiva oportunidad de que la determinación de la agencia reciba un examen ponderado por el Tribunal de Apelaciones, sin que dependa de la discreción del foro apelativo la determinación de atender el recurso. Sin embargo, la Exposición de Motivos del Proyecto expresa que la revisión discrecional es necesaria por el efecto que la revisión como cuestión de derecho ha ocasionado al Estado. En específico señala que impone una carga económica al Estado en la medida que tiene que comparecer por escrito al tribunal apelativo.

Tanto la LPAU, como la Ley de Judicatura, y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones disponen que, en recursos de revisión administrativa, el Estado no viene obligado a comparecer hasta que el Tribunal lo ordene. Por tanto, el Proyecto no redunda en ahorros para el fisco. El único efecto neto sería privarles a las partes adversamente afectadas por determinaciones finales de las agencias de la certeza de que un foro judicial, independiente de la agencia, revisará su caso en los méritos.

Acceso a la Justicia
El valor más importante que encierra la revisión judicial administrativa es el reconocimiento de que los ciudadanos pueden acudir a un foro revisor para cuestionar las decisiones arbitrarias o ilegales de las agencias administrativas. Sin embargo, el PC 537 afecta este importante principio de acceso a la justicia. En aquellos casos que se deniegue la revisión judicial, el ciudadano será privado de la única ocasión que tendrá para que un ente imparcial examine una determinación administrativa. Debemos recordar que una vez una agencia emita una decisión adjudicativa, ésta sólo se podrá impugnar mediante un recurso de revisión judicial.

Además de reducir la posibilidad que un tribunal apelativo se asegure que las agencias actúan dentro del marco de las funciones dispuestas por ley, la revisión discrecional plantea un problema serio de desigualdad en la protección de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Mientras que las decisiones administrativas serán evaluadas mediante un recurso discrecional, las decisiones de los tribunales de instancia serán revisables como cuestión de derecho. Así, los derechos que sean afectados en los tribunales tendrán que ser obligatoriamente revisados, mientras que un dictamen de un foro administrativo que afecte los mismos derechos estará sujeto únicamente a una revisión discrecional. La protección de los derechos de los ciudadanos debe estar igualmente garantizada en los tribunales y en los foros administrativos. De hecho, si fuera a existir alguna diferencia, se debería revisar con mayor rigor las decisiones de foros administrativos. Las decisiones emitidas por foros administrativos no gozan de las mismas garantías de confiabilidad que tienen las decisiones emitidas por los tribunales, ya que las reglas de evidencia y de procedimiento civil sólo aplican de manera supletoria a los procesos administrativos.

Impacto sobre la política
pública ambiental
Nuestra Constitución, en la sección 19 del artículo VI, establece que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales”. A pesar de esta base constitucional, el desarrollo y aplicación de la política pública ambiental se ha dado principalmente en el contexto administrativo. Ya sea ante la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, o la Junta de Planificación, diariamente burócratas interpretan y aplican la política pública ambiental del Gobierno, en virtud de sus poderes delegados.

No obstante, el sistema administrativo, especialmente en casos ambientales, es vulnerable a la captura de agencias o “agency capture”. La llamada captura de agencias ocurre cuando una agencia administrativa cae bajo la influencia de la propia industria que pretende regular. Ya sea porque la agencia se identifica con la actividad que pretende regular, porque se sacrifican valores ecológicos por el proceso político, o simplemente por su propia burocracia, la influencia desmedida de grupos regulados ha sido una amenaza real para las agencias administrativas desde sus inicios. La revisión judicial de las decisiones administrativas es la herramienta más efectiva para proteger a las partes de la captura de agencias.

La revisión judicial de determinaciones administrativas cumple una función importante en nuestra sociedad. En especial, cuando permite que los tribunales desempeñen su función de determinar si la agencia se aseguró de cumplir con la política pública ambiental. No habría de sorprender que gran parte de los precedentes sentados por jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos ambientales proviene, precisamente, de la revisión de decisiones administrativas. En las palabras del Tribunal Supremo en Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, “los tribunales [tienen] el deber de fiscalizar rigurosamente las decisiones de [las] agencias, para asegurar que desempeñen cabalmente sus importantísimas funciones, y para que el País no pierda la fe en sus instituciones de gobierno”.

*Los autores son miembros de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Inc. (ANDA). Puede obtener información del PC 537 y la ponencia íntegra de ANDA en www.andapr.org

Derecho como Herramienta de Justicia Social

rafacancel — Sun, 05 Apr 2009 18:23:18 +0000

La edición de abril-junio 2009 de El Cucubano, publicación de Servicios Legales de Puerto Rico, incluye un interesante artículo de la profesora y miembro de nuestra junta de directores, Érika Fontánez Torres, titulado Derecho como herramienta de justicial social.

Presione AQUI para acceder a la edición digital de El Cucubano.

Presione AQUI para ver el artículo de ANDA publicado en esta misma edición.

Puede guardar el documento presionando en “More” y luego en “Save Document”.

Érika Fontánez Torres: Derecho Como Herramienta de Justicia Social (Cucubano 2009)

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