Según los hechos reseñados por el Tribunal , Jennymar Corporation solicitó a ARPe la aprobación de un anteproyecto para la construcción de un desarrollo residencial en un solar ubicado en un distrito de zonificación residencial turístico (RT-0), en el Barrio Ensenada de Rincón, así como variaciones respecto a la altura, densidad poblacional y área bruta de piso del proyecto. ARPe celebró vistas públicas en las que comparecieron el señor Leon J. Richter y la Fundación Surfrider, para oponerse a las variaciones solicitadas.

Durante las vistas, la Fundación Surfrider alegó que es una entidad cuyos propósitos son la conservación de los océanos y la protección del acceso a las playas. Por su parte, el señor Richter alegó (1) que reside “en el Barrio Ensenada de Rincón, cerca del proyecto objeto del caso de autos”, (2) que actualmente está afectado por un problema de distribución de agua, (3) que “entiende que este problema se agravará con el aumento de consumo que significa este proyecto”, y(4) “que sus intereses se verán afectados porque este tipo de desarrollo aumenta la densidad poblacional y por lo tanto rompe la armonía y altera las características de su vecindario”. Huelga destacar que la corporación proponente y ARPe no cuestionaron que el Sr. Richter, quien también era presidente del capítulo de Rincón de la Fundación Surfrider, residiera cerca del proyecto en cuestión o que, en efecto, hubiera un problema de distribución y abasto de agua en dicha área. Finalizadas las vistas, ARPe aprobó el anteproyecto de manera condicionada y concedió las variaciones solicitadas.

Inconformes, el señor Richter y la Fundación Surfrider solicitaron reconsideración y, al ser ésta denegada, acudieron mediante revisión administrativa al Tribunal de Apelaciones. Luego del trámite de rigor, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia confirmatoria del dictamen recurrido, incluyendo allí una escueta mención de que coincidían con la corporación proponente del anteproyecto a los efectos que “los recurrentes no presentaron prueba “de en qué manera sus intereses quedarán afectados con este proyecto”.

Inconformes aún, el señor Richter y la Fundación Surfrider presentaron un certiorari ante el Tribunal Supremo. Evaluado el asunto, una composición anterior de jueces y juezas del Tribunal Supremo expidió el recurso. Es en el Alegato de la corporación recurrida, presentado con posterioridad a la expedición del auto, donde por vez primera se solicita la desestimación del caso por carecer el señor Richter y la Fundación Surfrider legitimación activa. El Tribunal Supremo, por voz del Juez Asociado Martínez Torres, coincidió con la parte recurrida y desestimó el recurso por falta de legitimación activa.

La opinión mayoritaria comienza su discusión con un repaso de los requisitos de justiciabilidad que limitan el ejercicio del poder judicial, haciendo énfasis en los requisitos de legitimación activa, como colorarios del requisito que los tribunales resuelvan “casos o controversias”. Aunque ello tiende a ser un asunto olvidado en la discusión de estos temas, conviene recordar que, a diferencia del Artículo III, Sección 2 de la Constitución de Estados Unidos, el Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no impone a la Rama Judicial un requisito de la existencia de un “caso o controversia” para el ejercicio de sus poderes. Dicho requisito, en cambio, fue incorporado a nuestra jurisdicción por el propio Tribunal Supremo en su opinión en ELA v. Aguayo, 89 DPR 552 (1958).

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reiterada en Fundación Surfrider,

[C]uando un litigante solicita la revisión judicial sobre la constitucionalidad de una acción o decisión administrativa a través de un pleito civil, éste tiene que demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley.

Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Col. de Peritos Electricistas v. AEE, 150 DPR 327 (2000); Hernández Torres v. Hernández Colón , 131 DPR 593, 599 (1992)). Por su parte, en el caso de asociaciones, éstas pueden tener legitimación activa para vindicar sus intereses o los de sus integrantes. Cuando pretenden vindicar sus intereses, les “corresponde demostrar un daño claro, palpable, real, inmediato, preciso, no abstracto o hipotético” a la(s) entidad(es). Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Col. de Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559 (1989); Col. de Peritos Electricistas, supra). En cambio, si una entidad interesa reclamar los derechos de sus integrantes,

tiene que demostrar que el miembro (1) tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) que los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización; y (3) que la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual.

Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Col. de Ópticos de PR, supra). Ninguno de estos requisitos se ve afectado por la opinión mayoritaria del Tribunal en Fundación Surfrider.

El Supremo también reafirma sus expresiones previas a los efectos de que el daño alegado “se puede basar en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o estéticas”, con la misma precisión de que ello no significa que “la puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716, 723 (1974)).

La opinión también reitera una distinción entre los requisitos para que una persona sea considerada como ‘parte’ dentro de un procedimiento administrativo y los requisitos para ser considerado un litigante con legitimación activa para cuestionar una decisión administrativa en los tribunales. Lo primero, conforme surge de las Secciones 1.3 y 3.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPAU), requiere la existencia de un “interés legítimo”, criterio que deberá ser aplicado con liberalidad. Lo segundo, según la Sección 4.2 de la LPAU, no sólo requiere que la persona sea ‘parte’ en el proceso administrativo cuya determinación final se impugna, sino que también sea “adversamente afectada” por dicha decisión. Así, el Tribunal expresa que cabe la posibilidad, aunque relativamente inusual, de que una persona o entidad satisfaga los requisitos para ser considerada ‘parte’ en un proceso administrativo, pero que no tenga legitimación activa para impugnar la decisión final de la agencia mediante revisión al Tribunal (de Apelaciones).

Aclarados dichos extremos, el Tribunal pasa entonces a examinar qué exactamente implica estar “adversamente afectado” para efectos de contar con legitimación activa para procurar revisión de un dictamen administrativo en los tribunales. Sobre este particular, luego de reconocer que dicha frase no es definida por la LPAU, la mayoría toma de la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal sobre el Administrative Procedure Act (APA)  que, según ésta sirvió de modelo para la LPAU, en virtud de la aplicación del canon de hermenéutica ” que dispone que la adopción de una disposición de ley que proviene de otra jurisdicción hace presumir que también se adoptó la interpretación dada a dicha ley en su lugar de origen”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Pueblo v. Matos, 83 DPR 335 (1961); Lagarreta v. Tesorero, 55 DPR 22 (1939)).

Sobre este particular, debe señalarse que la opinión disidente, suscrita por la Jueza Asociada Fiol Matta, refuta ambos el uso de la jurisprudencia federal interpretativa de la APA y la aplicación del canon de hermenéutica. Sobre lo primero, la disidente arguye que la Sección 4.2 de la LPAU, que establece el criterio de “parte adversamente afectada” en cuestión, fue tomada del Model State Administrative Procedures Act de 1981 y no de la APA, y que el Legislador optó incluso por liberalizar el estándar en cuestión, dado que, en el contexto de la evaluación de solicitudes de intervención, el MSAPA establece un criterio de afectación “sustancial”, más riguroso que el de “adversa”, establecido en la LPAU. En cuanto al canon de hermenéutica, la disidente fustiga a la mayoría por no reconocer que el caso cae bajo las considerables excepciones a su aplicación, particularmente debido a que las fuentes originales, la APA y la MSAPA, son más restrictivas en cuanto a estos aspectos que la LPAU.

La referencia mayoritaria a la jurisprudencia federal los lleva a tomar de Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972), la contención de que una parte adversamente afectada debe demostrar “que sufre o sufrirá una lesión propia y particular (injury in fact) a sus intereses y que su lesión fue causada por la determinación administrativa que se impugna mediante la revisión judicial”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Sierra Club, supra). De conformidad con lo anterior, el Tribunal concluye que

la frase “adversamente afectada” significa que la parte recurrente tiene un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado por la acción administrativa que se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El daño tiene que ser claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o especulativo. Esto asegura que resolvamos “controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”.

Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Aguayo, supra).

Al aplicar los antemencionados principios a las alegaciones del Sr. Richter y la Fundación Surfrider, el Tribunal Supremo concluyó que ninguno tenía legitimación activa para instar el recurso de revisión administrativa para impugnar la determinación de ARPe. En particular, el Tribunal razonó que, pese a que el Sr. Richter indicó que era residente del Barrio Ensenada de Rincón, en donde se desarrollaría el proyecto residencial, nunca indicó exactamente dónde vivía, ni cuán próximo se encontraba al proyecto. En palabras del Tribunal, dado que “un barrio puede ser tan extenso que
contenga varios vecindarios”, el Sr. Richter no había demostrado cómo la construcción y operación del proyecto le afectarían directamente. Tampoco resultó satisfactoria para el Tribunal la alegación del Sr. Richter a los efectos de que había un problema serio de abasto y distribución de agua en el área, y que el proyecto lo agravaría. Dichas expresiones eran, a juicio de la opinión mayoritaria, “especulativa[s] y conclusoria[s]“.

A igual resultado llegó el Tribunal en torno a las alegaciones de la Fundación Surfrider. Sobre éstas, primero descartó que tuviera legitimación activa para entablar la reclamación a nombre de sus miembros, pues ninguno de estos había hecho alegaciones más específicas que las ya descartadas del Sr. Richter. Por su parte, el Tribunal razonó, sin gran discusión al respecto, que si bien el que la entidad tuviese entre sus objetivos la protección de las costas y la viabilización del acceso a las playas podía ser suficiente para que ésta participara en el proceso administrativo, dado que el proyecto en cuestión estaba ubicado en un municipio, Rincón, “reconocido por sus costas y sus playas”, ello no era “suficiente para cumplir con el interés requerido para ser “parte” con derecho a revisión judicial”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal desestimó el recurso por falta de justiciabilidad.

Varios elementos de la opinión del Tribunal resultan, como mínimo, problemáticos. De entrada, me parecen persuasivas las expresiones de la opinión disidente en cuanto a la improcedencia de la importación de doctrinas administrativas federales, en vista de la flexibilidad y liberalidad que permea nuestro ordenamiento bajo la LPAU. Igualmente, resulta cuestionable el que el Tribunal hubiere incorporado la jurisprudencia sobre legitimación activa para impugnar determinaciones bajo la APA cuando en Puerto Rico se ha aludido al hecho de que la política pública ambiental ostenta rango constitucional, Const. ELA, Art. VI, § 19, como elemento justificante de mayor laxitud en la aplicación de los criterios de la doctrina de legitimación activa. Vease Salas Soler, 102 DPR en las págs. 722-23; Cerame Vivas v. Srio. de Salud, 99 DPR 45 (1970). Tampoco se alude a que la liberalidad en torno a la aplicación de los criterios de legitimación activa para casos y controversias que involucraban asuntos de gran interés público respondía a una tendencia hacia la flexibilización de estos requisitos en las jurisdicciones estatales. Salas Soler, supra (citando a Asociación de Maestros de PR v. Pérez, Gob. Interino, 67 DPR 848, 851 (1947)).

Por otra parte, si bien la opinión del Tribunal toma prestado de su contraparte federal, el análisis se limita al caso de Sierra Club v. Morton, supra, tal vez el primer gran caso sobre legitimación activa en casos ambientales resuelto por el Tribunal Supremo federal. No se examina con detenimiento, sin embargo, lo que ha sido una evolución en la aplicación de los requisitos de legitimación activa en casos ambientales en la jurisprudencia, Summers v. Earth Island Institute, 129 S.Ct. 1142 (2009); Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 516 (2007); Friends of the Earth v. Laidlaw, 528 U.S. 167 (2000); Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992), muchos de los cuales versan también sobre legitimación activa en el contexto de la APA. Tampoco se presta atención al hecho de que la doctrina ha sido particularmente crítica de la aplicación de los requisitos de esta doctrina en estos casos. Vease, e.g., David N. Cassuto, The Law of Words: Standing, Environment, and Other Contested Terms, 28 Harv. Envtl. L. Rev. 79 (2004); Philip Weinberg, Unbarring the Bar of Justice: Standing in Environmental Suits and the Constitution, 21 Pace Envtl. L. Rev. 27 (2003); Gene R. Nichol, Jr., Standing for Privilege: The Failure of Injury Analysis, 82 B.U. L. Rev. 301 (2002); Robert V. Percival & Joanna B. Goger, Escaping the Common Law’s Shadow: Standing in the Light of Laidlaw, 12 Duke Envtl. L. & Pol’y F. 119 (2001); Sam Kalen, Standing of its Last Legs: Bennett v. Spear and the Past and Future of Standing in Environmental Cases, 13 J. Land Use & Envtl. L. 1 (1997); Cass R. Sunstein, What’s Standing After Lujan? Of Citizen Suits, “Injuries,” and Article III, 91 Mich. L. Rev. 163 (1992); William A. Fletcher, The Structure of Standing, 98 Yale L.J. 221 (1988); Cass R. Sunstein, Standing and the Privatization of Public Law, 88 Colum. L. Rev. 1432 (1988) . Incluso, el profesor Richard Lazarus ha argumentado que las nociones de tiempo y espacio del daño ambiental, esto es, que el daño ambiental no se aferra a categorías de inmediatez y cercanía geográfica, sino que se distribuye a través del tiempo y el espacio, requieren una reevaluación de los criterios tradicionales de la doctrina de legitimación activa, según éstos son aplicados a casos ambientales. En palabras de Lazarus,

Article III of the Federal Constitution provides for federal court jurisdiction only over “cases and controversies,” which the Supreme Court has ruled requires that the party bringing the lawsuit establish a “concrete” and “imminent” injury. The nature of cause and effect within the ecosystem–because of how cause and effect are so spatially and temporally spread out–makes it very hard, however, for environmental plaintiffs to establish that their injury is “concrete” or “imminent.”

The expansive temporal and spatial dimensions of ecological cause and effect defy traditional notions of concreteness and imminence as defined by the Court’s precedent. Environmental plaintiffs can harbor sincere, strong feelings about species that they may in fact never physically visit, but the injury they suffer from their extinction is no less intense or legitimate. Justice Scalia may, as he did writing the opinion for the Court in Lujan v. Defenders of Wildlife, mock such a connection as based on a “Linnaean leap.” But, for many Americans whose life experiences demonstrate such a connection with distant species, it is no leap at all.

The real disconnect is instead between the Court’s precedential touchstone for identifying the requisite injury for Article III standing and the kinds of causal connections sought to be vindicated by modern environmental protection law. It is incumbent upon the Court itself to bridge that gap and return to Article III’s basic requirement of ensuring an adequately adversarial judicial proceeding, lest the Constitution be unfairly read as presenting an insurmountable obstacle to the enforcement of important federal environmental mandates.

Richard J. Lazarus, Human Nature, the Laws of Nature, and the Nature of Environmental Law, 24 Va. Envtl. L.J. 231, 260 (2005) (notas al calce omitidas). De conformidad con lo anterior, el análisis de la opinión mayoritaria sobre la interpretación de estos requisitos en la jurisprudencia federal no sólo resulta insuficiente, sino que también parece ser algo superficial. Sirve de muy poco que se indique que el daño o lesión alegado puede responder a consideraciones ambientales o estéticas si los criterios para evaluar si una parte tiene legitimación activa para impugnar una decisión administrativa responden a categorías de daño a la vida o a la propiedad.

Por último, independientemente de los fundamentos esbozados por la opinión mayoritaria para restringir el cumplimiento de estos requisitos, la determinación de desestimar el caso, en vez de devolver el caso para que se permitiera al Sr. Richter y a la Fundación Surfrider someter evidencia que acreditara su interés en las controversias, resulta particularmente injusta. Debe tomarse en consideración que, según surge de las opiniones mayoritaria y disidente, el planteamiento sobre la falta de legitimación activa de estas partes fue levantado por primera vez ante el Tribunal Supremo, y sólo después que el caso fuera expedido. Así, no sólo la corporación que interesaba realizar el desarrollo y ARPe habían dado por buenas las alegaciones del Sr. Richter y la Fundación sobre este particular, sino que las mismas habían resultado suficientes para que el Tribunal de Apelaciones no desestimara el recurso por falta de legitimación activa.

Peor aún, la decisión del Tribunal sobre este particular es incompatible con la misma opinión citada del Tribunal Supremo federal, Sierra Club v. Morton. Allí, al resolver que el Sierra Club no había demostrado que sufriría un daño particularizado por la construcción de un complejo turístico-comercial en la reserva del Valle Mineral King en California, el mismo Tribunal reconoció que el Sierra Club tendría la oportunidad de enmendar sus alegaciones para hacer dicha demostración de daño particularizado. Sierra Club, 405 U.S. en la pág. 735 n.8 (“Our decision does not, of course, bar the Sierra Club from seeking in the District Court to amend its complaint by a motion under Rule 15, Federal Rules of Civil Procedure.”). Como cuestión de hecho, así ocurrió, y el pleito no sólo no fue desestimado, sino que el Sierra Club eventualmente triunfó en evitar que el referido desarrollo se llevara a cabo en dicho lugar. Así, pues, la desestimación decretada por la opinión mayoritaria no se ajusta al trámite dispuesto en el mismo precedente citado por ésta.

Mirando hacia el futuro, sin embargo, si bien la opinión del Tribunal en Fundación Surfrider parece evidenciar un interés de dicho Foro de establecer criterios más rigurosos para la aplicación de la doctrina de legitimación activa, no debe interpretarse que las puertas de los tribunales están mucho más cerradas para litigantes ambientales. Ello sólo requiere que las personas u entidades que interesen objetar determinaciones administrativas en los tribunales demuestren, mediante alegaciones específicas, tal vez incluso suplementadas con declaraciones juradas, que han sufrido el tipo de daños, incluyendo ambientales y estéticos, resarcibles mediante acción judicial. Resta por ver también si el tenor limitante de Fundación Surfrider será expandido a casos que no involucren la revisión de determinaciones administrativas bajo la LPAU. Si bien la discusión del Tribunal parece estar ceñida a la interpretación de la frase “parte adversamente afectada” de la Sección 4.2 de la LPAU, el Estado ha utilizado ciertas expresiones de la opinión mayoritaria para argumentar que dichos pronunciamientos deben ser extendidos a casos y controversias que no envuelven la LPAU, como lo son los casos recientes, y aún pendientes de adjudicación, sobre la eliminación de la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste y la evaluación expedita del Gasoducto del Norte.

Nota: Este comentario fue publicado originalmente en el Blog Ratio Decidendi, del cual el autor sirve de Co-Administrador. Para ver la publicación original, pulse aquí.

(incluye documento con comentarios al final)

Advierten Serias Deficiencias en el Borrador Final del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos

San Juan, Puerto Rico

La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Inc. (ANDA) presentó en el día de ayer, 18 de octubre de 2010, sus comentarios al último borrador del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, el cual dispondrá de los procedimientos bajo el nuevo sistema integral de permisos del gobierno. ANDA advirtió a la Junta de Planificación (JP) que el nuevo borrador tiene serias deficiencias y busca limitar aún más los espacios de participación ciudadana en la concesión de permisos.

De entrada, y en una medida sin precedentes en nuestro País, el borrador ahora dispone que varias solicitudes de permisos podrán quedar aprobadas por el mero transcurso del tiempo, independientemente de que algún funcionario se hubiese expresado sobre ellos. En otras palabras, según el Reglamento, ahora se podrán conseguir estos permisos sin que nadie los valide y, como nunca habrá una notificación de la agencia, tampoco habrá posibilidad de revisión. Según el Lcdo. Luis José Torres Asencio, miembro de ANDA, “ello no sólo es incompatible con la misma Ley de Permisos, sino que también representa una abdicación total de la responsabilidad por velar rigurosamente por el fiel cumplimiento de la política pública ambiental constitucional, así como de las leyes y reglamentos ambientales aplicables a dichas solicitudes”.

Por otra parte, lejos de responder a los comentarios de varias personas y entidades, como ANDA, que reclamaban una ampliación de los derechos de participación ciudadana y acceso a la información incluidos en el borrador anterior del Reglamento, la JP ha decidido cerrar un poco más las puertas a las comunidades y organizaciones ambientales al, entre otras cosas, reducir los términos de notificación de vistas públicas de 30 días a 15 días y en ciertos casos incluso a 5. Entendemos que “un término de 15 días no es suficiente para que una persona o comunidad haga la investigación necesaria, tenga acceso a los documentos pertinentes y se prepare para presentar su posición al respecto. El dar términos cortos y atropellados a la ciudadanía para su participación en los procesos administrativos hace de estas vistas unas pro-forma y, por lo tanto, tiene el efecto de negarle el derecho a la ciudadanía de fiscalizar y evaluar la razonabilidad de la gestión a autorizarse”, afirmó la Lcda. Eva L. Prados Rodríguez, también integrante de la organización.

ANDA también señaló que la inclusión de una nueva regla para incluir procedimientos para evaluar proyectos de energía bajo la nueva Orden Ejecutiva del Gobernador es improcedente, dado que dicha Orden Ejecutiva va a perder su vigencia en enero del próximo año. Además, se criticó que el reglamento siga transfiriendo a la Oficina de Gerencia de Permisos la facultad para emitir permisos sobre extracción de material de corteza terrestre, cuando la Ley de Permisos nada dispone sobre dicha función, actualmente realizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. “Aunque se han corregido algunas de las deficiencias que tenía el borrador original, en temas relacionados a la participación ciudadana y a la responsabilidad del Gobierno de evaluar adecuadamente las solicitudes de permisos que le son presentadas, el borrador final representa un retroceso y una visión hace muchos años superada, de que la protección del ambiente y la participación del Pueblo en la toma de decisiones sobre proyectos que le afectan considerablemente, están subordinados a un supuesto ‘derecho’ a construir, sin importar sus consecuencias. Si este borrador se aprueba, no será posible establecer un balance entre todos estos intereses, como requiere nuestra Constitución”, concluyó la Lcda. Verónica González Rodríguez, Directora de Programas de ANDA .

El documento completo con los comentarios de ANDA está disponible en www.andapr.org

Contactos:

Luis José Torres Asencio
(787) 209-6375
ltorres@andapr.org

Verónica González Rodríguez
(787) 502-7886
vgonzalez@andapr.org

Comentarios de ANDA al borrador final del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

Comentarios al Borrador Final del Reglamento Conjunto de Permisos – oct 2010

El principio de precaución,

su aplicación en las fábricas de pulpa del Río Uruguay y Puerto Rico

1. I. Introducción: orígenes

“Mejor es precaver que tener que remediar.” Este conocido refrán encierra en sí la esencia de un interesante e incipiente principio de Derecho que es ya parte de las leyes internas de muchos países y cada vez más forma parte del Derecho Internacional.

Una de las formulaciones más aceptadas de dicho principio aparece en el principio 15 de la Declaración de Río Sobre el Medioambiente y el Desarrollo, de 1992:

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. (énfasis suplido).

Muy por encimita, podemos decir que el principio se activa ante la presencia de incertidumbre, lo cual no es sinónimo de riesgo. Podríamos decir que el riesgo es algo que puede cuantificarse. Los resultados son inciertos cuando realmente no sabemos otorgarle un número a las posibilidades de que suceda algo. Además de haber incertidumbre, para que aplique el principio, debe existir la posibilidad de que los resultados sean catastróficos. (Hay diferentes formulaciones del principio que otorgan diferentes valores y resultados y conductas a diferentes situaciones. En algunos modelos se toleran más posibilidades de que haya riesgos catastróficos, en otros menos. Nótese que toda actividad humana altera el entorno y que, si evitáramos toda alteración del entorno, pues no haríamos nada, y la especie dejaría de existir. Claro, ese es un ejemplo extremo y la mayoría de los autores favorecen versiones menos radicales del principio.) [La visión de la UNESCO sobre el principio.]

Noten que en la formulación de la Declaración de Río, los Estados deberán aplicar el principio conforme a sus capacidades y tomando en cuenta los costos. Esta es una versión intermedia del principio. A modo de contraste podríamos imaginar que no se tomasen en cuenta los costos, o que sólo se aplicara el principio cuando los costos fueran pocos.

El Derecho alemán anterior a la Segunda Guerra Mundial fue el primero dentro de la tradición europea que empezó a darle una forma concreta a este principio dentro de lo que para aquel entonces podemos decir que se asemejaba a su legislación ambiental. Luego de la Segunda Guerra Mundial y pasando por el gran despegue económico por el cual pasó Alemania Occidental, y la consecuente contaminación, su Derecho empezó a darle formas más concretas. Se desarrolló en conjunción con otros, como el de que quien contamina debe pagar. Eventualmente dio el brinco, ya en los sesentas y setentas del siglo XX, fue pasando a formar parte de la legislación de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea), en formulaciones cada vez más fuertes. Poco a poco se fue incluyendo en tratados regionales, y tratados multilaterales que incluían cada vez más y más países. Hoy se debate si está ya en tantos tratados, y si es ya algo tan respetado, que pueda considerarse un principio establecido de costumbre internacional.

El principio aparece en muchísimas textos jurídicos internacionales. En algunas áreas, especialmente las relativas al manejo internacional de recursos pesqueros en el contexto de los tratados internacionales de Derecho Marítimo y de la Unión Europea, es ya una norma respetada. (Véase por ejemplo el caso arbitral sobre la pesca de los atunes de aleta azul [Southern Bluefin Tuna]).[i] También fue mencionado, aunque no reconocido, por la jurisprudencia del Cuerpo Apelativo de la Organización Mundial de Comercio (OMC; WTO en inglés) en el famoso caso que culminó la pelea entre Canadá y EE.UU. en un lado y la Unión Europea en el otro con relación a la adición de hormonas a la carne de res, coloquialmente conocido en inglés como “The Beef Hormones Case”.[ii]

En el Derecho Internacional generalmente las declaraciones no son vinculantes y los tratados sí. Eso es, generalmente, porque en realidad las declaraciones pueden llegar a ser, según la práctica de los países, documentos que contienen el inicio o la culminación de normas que se han convertido en costumbre internacional. Declaraciones importantes son por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son ya harto conocidas dentro del mundo del derecho internacional. Una consecuencia importante de que se le reconozca a una norma valor de costumbre internacional es que abre la posibilidad de que a un estado –un país independiente- le impongan el respetar una norma a la que no necesariamente ha consentido a través de un tratado o de su conducta. Claro está, no es tan fácil, a veces los estados muy claramente dicen e informan que no se oponen a una regla, entre otras posibilidades. Normas importantes de derecho internacional fueron en sus inicios, o en algún momento, al menos parcialmente costumbre internacional. Por ejemplo la prohibición de la piratería. O ya más recientemente (sobre esto hay debate pero yo me decanto entre los que creen que sí está prohibida) la tortura. ¿Y quién declara esto? Pues depende. Pueden ser comentaristas del Derecho, tribunales nacionales, o internacionales. A modo de ejemplo podemos decir que existe jurisprudencia federal estadounidense declarando la tortura como algo prohibido por la costumbre internacional en complicados casos en donde interpretaban estatutos estadounidenses (como el Alien Tort Statute) o la piratería como un delito internacional de génesis antigua inclusive previa a la creación de ese país. Pero,… ese no es el tema de esta entrada de blog.

Existen también tribunales internacionales. Hay muchos y para distintos temas, judiciales, o de arbitraje. Uno de los más importantes y del cual nos ocuparemos aquí es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el principal organismo judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Es uno de los organismos que aparece en la Carta de la ONU (artículos 7, par. 1; 36, par 2; y el Capítulo XIV conformado por los artículos 92-96). Está situado en la Haya, en Holanda. En el tribunal se ven casos entre países. Tiene varias fuentes de Derecho, como los tratados, y en ciertas circunstancias la costumbre. Todo esto aparece delimitado tanto en la Carta de la ONU como en el Estatuto y las Reglas del Tribunal.

1. II. El caso: Argentina y Uruguay luchan entre sí

La  CIJ vio recientemente un caso entre Argentina y Uruguay con relación a las papeleras en las riveras del río Uruguay del lado Uruguayo. El problema fue que Uruguay quería que varias compañías de capital europeo construyeran dos gigantes fábricas procesadoras de madera para producir pulpa que podría a su vez ser utilizada luego para hacer papel. Esas fábricas se harían en Uruguay pero al lado del Río. Ese río, que luego desemboca en el de la Plata, forma parte de la frontera entre ambos países. Argentina como país, y muchas personas y grupos dentro de Argentina, creían que al autorizar que se construyeran esas fábricas Uruguay había violado por lo menos un tratado que tenían los dos países. Ese tratado se llama el Estatuto del Río Uruguay.[iii] Se oponían porque creían que generaría mucha contaminación que sería muy dañina a Argentina, al río, a la vida dentro del río, y a las personas que a ella estuvieran expuestas. La controversia generó muchísimas peleas por varios años. Hubo muchos bloqueos de puentes entre ambos países para protestar la decisión uruguaya de los cuales Uruguay se defendió llevando –infructuosamente- a Argentina a paneles de arbitraje del MERCOSUR, peleas de alto nivel, discusiones, discursos de Estado de la Nación Argentina, originales protestas…; en fin, que fue una disputa que acaparó la atención de los medios en ambos países y de organismos internacionales como el Banco Mundial (quien proveería parte de la financiación) por varios años. Eventualmente Argentina presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Uruguay para que dicho tribunal declarara que Uruguay había violado sus derechos conforme al Estatuto del Río Uruguay.

El Estatuto del Río Uruguay, había creado una Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que se dedicaba a vigilar la composición y calidad química de las aguas, entre otras cosas. Argentina alegaba que tenía un poder de veto, relacionado a las funciones de la CARU, sobre la decisión de otorgar autorización a un proyecto de esta envergadura aún cuando dicho proyecto estuviera situado físicamente en el otro país, puesto que afectaría al río fronterizo. Uruguay tajantemente se opuso a esa interpretación.

El caso se vio y duró varios años. Y muchas cosas pasaron. Lo importante con relación a la precaución es que Argentina argumentó que había incertidumbre con relación a los posibles daños ambientales y que por tanto se activaba el principio precautorio. Que en consecuencia no debía autorizarse la construcción de dichas fábricas. Más aún, Argentina quería que para prevenir su construcción, porque ella iba viento en popa y estos casos ante la CIJ cogen mucho tiempo, que el Tribunal dictara como medida cautelar una suspensión preventiva de las obras. O sea, que el Tribunal le dijera a Uruguay que no podían construir nada porque el caso no se había acabado y que no iban a dejar que Uruguay simplemente lo construyera todo y lo tuviera todo listo y las fábricas funcionando aún antes de que se hubiera acabado el caso y que la Corte hubiera decidido si Uruguay había faltado a sus deberes o no. Argentina no quería que Uruguay después dijera, figuradamente: “ya lo construí, ahora no lo voy a tumbar”. Quería que esperaran a que se viera el caso entero ante el Tribunal, antes de seguir construyendo.

Argentina no logró que detuvieran las obras en lo que se veía el caso (las medidas cautelares). Tampoco logró que en la decisión final, un par de años después, el Tribunal declarara que Uruguay no podía construir las fábricas. Al final Uruguay sí pudo salirse con la suya, aunque en el proceso sólo una de las dos fábricas fue construida porque algunos de los inversionistas, ante el monumental lío que la controversia causó, decidieron retirarse. El análisis de todo esto es larguísimo y muy técnico y depende mucho de qué tratados eran aplicables y de si era de alguna manera aplicable el principio de precaución. Dicho principio era más importante que nada en la fase en la cual Argentina estaba pidiendo que para precaver Uruguay detuviera la construcción de las fábricas. Allí fue denegado. Puede interpretarse que Argentina no formuló bien sus alegaciones, que no sustentó bien sus argumentos y que se dedicó más que a argumentar porqué era urgente e improrrogable que la Corte paralizara las obras, a argumentar el caso en su fondo. O sea que en vez de argumentar el porqué debían parar las obras “ya” porque el perjuicio era inminente, se pusieron a hablar de todas las cosas que Uruguay había hecho mal en violación al tratado y eso no era lo que tenían que probar para que se ordenara provisionalmente a Uruguay que ordenara la suspensión de las obras.

Aquí la CIJ perdió aquí una buenísima oportunidad para discutir si el principio de precaución era ya costumbre internacional, y en qué contexto lo hubiera sido. Como los tratados a los que Argentina explícitamente se refirió en sus argumentos no incorporaron el principio explícitamente a Argentina no le quedó más remedio que argumentar que era aplicable por virtud de la costumbre internacional. Pero, eso no funcionó.

1. III. La precaución en Puerto Rico

Y ¿cómo es relevante esto en Puerto Rico? Pues la Ley de Política Pública Ambiental consagra el principio, pero, aunque no existiese el artículo que ahora citaré, puede simplemente argumentarse que es que el principio es lo más saludable, lo más lógico, la mejor política pública, lo que procede hacer: Que quien tiene que probar que un acto (u omisión) es beneficioso, es quien lo propone.

Según la Ley de Política Pública Ambiental (Ley 416 de 22 de septiembre de 2004), en la sección que delimita los Deberes y Responsabilidades del Gobierno:

(b) Todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas deberán, al máximo grado posible, interpretar, aplicar y administrar todas las leyes y cuerpos reglamentarios vigentes y los que en lo futuro se aprueben en estricta conformidad con la política publica enunciada en la sec. 8001 de este título. Asimismo, se ordena a los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas que en la implantación de la política pública de este capítulo, cumplan con las siguientes normas:

. . . .

(5) Aplicar el principio de la prevención, reconociendo que cuando y donde hayan amenazas de daños graves o irreversibles, no se debe utilizar la falta de una completa certeza científica como razón para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental. Esto debe hacerse tomando en consideración las siguientes premisas:

(A) Las personas, naturales y jurídicas, tienen la obligación de tomar acciones anticipadas para prevenir daños o peligros;

(B) el peso de la prueba sobre la ausencia de peligros que pueda causar una nueva tecnología, proceso, actividad o sustancia química recae en el proponente de la misma, no en la ciudadanía;

(C) antes de utilizar una nueva tecnología, proceso o sustancia química, o de comenzar una nueva actividad, las personas tienen la obligación de evaluar una amplia gama de alternativas, incluyendo la alternativa de no hacer nada, y

(D) las decisiones en las que se aplique este principio deben ser públicas, informadas y democráticas, y deben incluir a las partes afectadas.

12 L.P.R.A. § 8001a  (2006) (énfasis suplido).

La falta de certidumbre es usada frecuentemente por quienes quieren hacer algo que puede ser dañino al ambiente para decir que como no está probado que lo que van a hacer es malo, pues que no se les puede decir que no lo hagan. El principio fomenta que haya un cambio en quien tiene la carga de la prueba. El que no se sepa si algo es o no dañino no significa que no lo sea. Puede que sí, puede que no. El principio reconoce que a veces no sabemos y que a veces la mera posibilidad de que haya consecuencias catastróficas amerita ser precavidos: aguantarse, por si acaso. Porque tal vez el que decía que no iba a pasar nada tenía la razón, ¿pero y si no; y si el acto u omisión sí haría muchísimo daño? El principio además reconoce que nuestro conocimiento científico es muy limitado y que nuestras capacidades de investigación son limitadas, especialmente en contextos fuera del laboratorio en los cuales es o muy difícil o imposible el aislar variables para una aplicación tradicional del método científico. Y, que es iluso pensar que porque en algún ecosistema algo sucedió de cierta forma va a suceder lo mismo en otro ecosistema aunque la diferencia sea poca.

¿Qué significa esto? Que ante la alegación del proponente de un proyecto (o ante la negativa a actuar en cierta situación, como por ejemplo el remover un contaminante) fundamentada con el trillado argumento de que “no hay pruebas científicas que justifiquen eso” puede ser formulada con más confianza una respuesta como que “quién debería justificar sus acciones es usted ya que lo más prudente sería presumir que la naturaleza está mejor cuando menos ha sido alterada y porque dadas las limitaciones técnicas (o de recursos) que existen para probar quien tiene o no la razón, debemos ser cuidadosos no vaya a ser que cometamos un gran error”.

*El autor, quien está acabando su maestría en Derecho Internacional, le da las gracias a LJTA por sus comentarios sobre este escrito.

[i] Southern Bluefin Tuna, Provisional Measures Order (N.Z. v. Japan; Austl. v. Japan), 38 I.L.M. 1624; 1634 paras. 73, 74 (Int’l Trib. L. of the Sea, Aug. 27, 1999)).

[ii] Appellate Body Report, European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products, WT/DS26/AB/R, (Jan. 16, 1998).

[iii] Estatuto del Río Uruguay, Arg.-Uru., Feb. 26, 1975, 1295 U.N.T.S. 21425

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Ponencia ANDA PC 537

Ponencia Corporacion Accion Civil y Educacion PC 537

P. de la C. 537

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Érika Fontánez Torres: Derecho Como Herramienta de Justicia Social (Cucubano 2009)

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ANDA Cucubano: Echan a andar primer bufete ambiental

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Manual para el Ciudadano sobre Conceptos Básicos de Derecho Ambiental

COMUNICADO DE PRENSA (original)

Líderes ambientales en alerta ante nueva oficina de permisos

Jueves, 12 de febrero de 2009

San Juan – Líderes y científicos ambientales del país manifestaron que una transformación de los procesos de permisos debe promover un desarrollo económico sustentable. Para lograrlo se deben identificar los procesos verdaderamente improductivos o innecesarios y mantener los análisis que garanticen la salud, seguridad, participación ciudadana y el disfrute de nuestros recursos naturales. Recientemente Héctor Morales, presidente de la Junta de Planificación, anunció propuestas de legislación dirigidas a crear una nueva oficina de permisos e impulsar la inversión en la construcción.

El salubrista y portavoz de Misión Industrial Juan E. Rosario explicó que la crisis que atraviesa la industria no es un problema de permisos por lo que no puede resolverse creando procedimientos expeditos que laceren los procesos de consulta y de evaluación ambiental. La mejor manera de resolver los problemas con los permisos es cumplir rigurosamente con las leyes y reglamentos de las consultas y evaluaciones ambientales. De esa manera se remueve la incertidumbre y las arbitrariedades que incuban la burocracia y la corrupción, sentenció. Con él concurrió el planificador José Rivera Santana quien añadió que “la actividad de la construcción se ha estancado como resultado de la recesión, la crisis económica y la burbuja hipotecaria que la propia industria y la banca crearon”.

En múltiples ocasiones el sector ambientalista ha propuesto medidas que promuevan la efectividad de los procesos de permisos, como por ejemplo aprobar un Plan de Usos de Terrenos no susceptible a cambios frecuentes, consolidar y actualizar los bancos de información de las agencias, mejorar la tecnología que guíe los procesos, y asignar un solo número de identificación a cada caso. Rafael Cancel, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, puntualizó que el gobierno y el sector de la construcción deben entender que “hay una gran diferencia entre reducir la burocracia en los procesos de permisos y socavar la política pública ambiental”.

En pocas semanas la Legislatura tendrá ante sí proyectos de ley que pretenden acelerar los permisos. Los legisladores deben recordar que nuestra constitución les ordena velar por la más eficaz conservación de nuestros recursos naturales. Si el gobierno decide agilizar los procesos de permisos, deben crear disposiciones igualmente ágiles y rápidas para penalizar los fraudes e ilegalidades cometidas por algunos proyectistas y funcionarios. Enfatizamos que para lograr un desarrollo económico sustentable, no se deben aprobar proyectos que sacrifiquen la salud o afecten de manera adversa el ambiente, como por ejemplo asfaltando terrenos agrícolas o costeros.

Contactos:

Rafael Cancel Vázquez (787) 403-9374
Juan E. Rosario (787) 462-5088
José Rivera Santana (787) 509-8367

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EL VOCERO

Piden cautela con aceleración de permisos
Por Maricelis Rivera Santos

13 de febrero de 2009

Líderes ambientales y científicos advirtieron de la necesidad de que la transformación de los procesos de permisos ambientales promuevan un desarrollo económico sustentable.

Para lograr ese objetivo se deben identificar los procesos que son verdaderamente improductivos o innecesarios y mantener los que garanticen la salud, seguridad, participación ciudadana y el disfrute de los recursos naturales, indicaron Juan Rosario, Rafael Cancel y José Rivera Santana.

“La crisis que atraviesa la industria no es un problema de permisos, por lo que no puede resolverse creando procedimientos expeditos que laceren los procesos de consulta y de evaluación ambiental”, manifestó Rosario, portavoz de Misión Industrial.

El salubrista expresó que la mejor manera de resolver los problemas con los permisos es cumplir rigurosamente con las leyes y reglamentos de las consultas y evaluaciones ambientales.

“De esa manera se remueve la incertidumbre y las arbitrariedades que incuban la burocracia y la corrupción”, aseveró Rosario en un parte de prensa.

El planificador Rivera Santana afirmó que “la actividad de la construcción se ha estacando como resultado de la recesión, la crisis económica y la burbuja hipotecaria que la propia industria y la banca crearon”.

Cancel, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, señaló que en múltiples ocasiones el sector ambientalista ha propuesto medidas que promueven la efectividad de los procesos ambientales.

Recordó la propuesta de un Plan de Usos de Terrenos-que no esté susceptibles a cambios frecuentes-, la consolidación y actualización de los bancos de información de las agencias, mejorar la tecnología que guié los procesos y asignar un solo número de identificación a cada caso.

“Hay una gran diferencia entre reducir la burocracia en los procesos de permisos y socavar la política pública ambiental”, advirtió el abogado.

Dijeron que los legisladores que en las próximas semanas tendrán ante sí proyectos para acelerar los procesos de permisos, deben recordar que la Constitución les ordena velar por la más eficaz conservación de los recursos naturales.

Sugirieron que a la par con la agilización de permisos que propone el Gobierno, se deben crear disposiciones igualmente rápidas para penalizar fraudes e ilegalidades cometidas por proyectistas y funcionarios.

Recalcaron que el desarrollo económico sustentable requiere que no se sacrifique la salud y el ambiente, mediante el asfalto de terrenos agrícolas o costeros.

[Presione AQUÍ para ver enlace directo en EL VOCERO (usualmente dan acceso gratuito por 7 días desde la publicación)]

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EL NUEVO DÍA

viernes, 13 de febrero de 2009

Alerta ante nueva oficina de permisos

Ambientalistas exigen que se respeten las leyes y reglamentos ambientales en el proceso de permisología.
Por The Associated Press

SAN JUAN — Líderes ambientalistas expresaron preocupación por el anuncio del gobierno de que se propone crear una nueva oficina para la tramitación de permisos de construcción y exigieron que en el proceso de permisología se mantengan los análisis que garanticen la salud, seguridad, participación ciudadana y disfrute de los recursos naturales.

El portavoz de Misión Industrial, el salubrista Juan Rosario, señaló que una transformación de los procesos de permisos debe promover un desarrollo económico sustentable.

“La crisis que atraviesa la industria (de la construcción) no es un problema de permisos, por lo que no puede resolverse creando procedimientos expeditos que laceren los procesos de consulta y de evaluación ambiental”, sostuvo en un comunicado.

“La mejor manera de resolver los problemas con los permisos es cumplir rigurosamente con las leyes y reglamentos de las consultas y evaluaciones ambientales. De esa manera, se remueve la incertidumbre y las arbitrariedades que incuban la burocracia y la corrupción”, añadió.

El planificador José Rivera Santana opinó que “la actividad de la construcción se ha estancado como resultado de la recesión, la crisis económica y la burbuja hipotecaria que la propia industria y la banca crearon”, y no por problemas con los procesos de permisología.

Los ambientalistas reaccionaron así al reciente anuncio del presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, sobre propuestas de legislación dirigidas a crear una nueva oficina de permisos e impulsar la inversión en la construcción.

[Presione AQUÍ para ver enlace directo en EL NUEVO DÍA (usualmente dan acceso gratuito por 7 días desde la publicación)]

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PRIMERA HORA

Alerta los ambientalistas ante nueva oficina de permisos

viernes, 13 de febrero de 2009

Por Prensa Asociada

[El artículo es exactamente igual al publicado en El Nuevo Día ya  que ambos utilizaron los servicios de Prensa Asociada)

[Presione AQUÍ para ver enlace directo en PRIMERA HORA (usualmente dan acceso gratuito por 7 días desde la publicación)]

Por Verónica González, Rafael Cancel y Érika Fontánez.

RHC, la sensibilidad de las mareas y el imperio de la ley

El exgobernador Rafael Hernández Colón recientemente criticó (Caribbean Business, 8 de enero 2009) lo que él considera “nuevos” criterios para establecer la extensión de la zona marítimo-terrestre (ZMT). (1) Sostiene Hernández Colón que estos criterios han causado una masiva “ampliación” de la ZMT y además han menoscabado derechos y el llamado imperio de la ley (rule of law).

¿A qué se refiere el ex gobernador Hernández Colón? Se trata del uso de las características biológicas y físicas de la costa para delimitar la ZMT. La Ley de Muelles y Puertos (2) define la ZMT, allí donde sean sensibles las mareas, como la zona bañada por el flujo y reflujo de las olas. Según dicha ley, la ZMT se extiende por la ribera de los ríos hasta el punto en el que son sensibles las mareas. Según Hernández Colón, esta definición fue indebidamente ampliada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al utilizar criterios científicos para preparar un deslinde. Sostiene, además, que este cambio durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, se debió a la influencia de periodistas, “inexpertos” defensores del dominio público y burócratas de “niveles intermedios”.

Olvida el ex gobernador que precisamente en 1992, bajo su gobernación, se adoptó el Reglamento para el aprovechamiento de la ZMT. En este reglamento se estableció que para este propósito se tomarían en consideración factores geográficos, topográficos y biológicos al momento de hacer un deslinde de la ZMT. Se destaca la importancia de considerar la presencia de elementos típicamente asociados a la influencia de las mareas, como lo son dunas, salitrales, manglares y marismas. (3) Y es que no puede ser de otra forma.

Recordemos que la regulación de ciertas actividades en la ZMT es, de fondo, un asunto de seguridad pública. Nuestra realidad isleña lo amerita. Esta determinación asegura la supervivencia de la costa, de la vida y propiedad misma de los y las ciudadanas al protegerla de riesgos como inundaciones y erosión costera. Sería irresponsable el DRNA si realizara un deslinde sin utilizar todos los factores y características bióticas y abióticas de la costa.

Llevar a cabo un deslinde tomando en cuenta estos aspectos científicos es lo que el DRNA, dentro de su campo de expertise, está llamado a hacer por su propio reglamento y al amparo de su ley orgánica. Se trata, lejos de una arbitrariedad, de utilizar factores estrictamente científicos para delimitar la ZMT. Es precisamente en ese expertise que tiene la agencia que se funda la delegación de poderes a las agencias administrativas. El DRNA, como única entidad gubernamental con el peritaje necesario para delimitar la ZMT, es quien tiene la facultad y obligación de adoptar los criterios más adecuados para hacer un deslinde y velar por la seguridad de la ciudadanía. El estado de derecho reconoce precisamente este expertise de las agencias.

La protección de la ZMT no surge del capricho de un espíritu incorpóreo al que alude Hernández Colón. Hace más de 700 años las Siete Partidas de Alfonso X consideraban las riberas del mar como cosas comunes que le pertenecían a todos los seres humanos. Este concepto evolucionó a través del pueblo romano, luego fue acogido en España y acuñado ZMT, hasta que es adoptado en Puerto Rico y en un sinnúmero de jurisdicciones. Entre varias razones, el concepto de ZMT se adopta dadas las repetidas experiencias de eventos costeros perjudiciales al ser humano empeñado en edificar cerca de la costa.

Muchos países supieron aprovechar la franja costera evitando construcciones en la ZMT y ahora gozan de un atractivo turístico invaluable. Además, proteger la ZMT garantiza espacios para actividades recreativas en ambientes marinos, las cuales según estudios de la Compañía de Parques Nacionales, son las preferidas por los puertorriqueños. Otros países, como España, han reconocido el error de no haber protegido la ZMT y ahora se encuentran en procesos complejos y costosos para rectificar el daño y riesgo causados. Lamentablemente, en esta isla todavía los intereses propietarios de muy pocos pesan más que la seguridad pública, el atractivo turístico y el espacio de recreación para el beneficio general del país. Todavía estamos a tiempo de unirnos a la tendencia internacional de proteger la ZMT, y para esto debemos exigirle al DRNA que cumpla con su reglamento. Lo que para uno es el espectro de Paseo Caribe, para muchos es la esperanza que representa el que funcionarios, planificadores, estudiantes, maestros, religiosos, arquitectos, artistas, abogados y demás ciudadanos se unan en el reclamo de un recurso para el beneficio general de la comunidad, exigiendo así que se cumpla con nuestro mandato constitucional.

Sorprendentemente, Hernández Colón apunta al controversial caso de Paseo Caribe como el final de la línea de decisiones que establecieron la supuesta ampliación de la ZMT. Cabe recordar que la controversia principal en Paseo Caribe giraba en torno a la clasificación de los terrenos ganados al mar como bienes de dominio público. En realidad, el caso de Paseo Caribe, guardaba muy poca relación con la definición de la ZMT y mucho menos con el uso de factores bióticos y abióticos al hacer el deslinde.
No es secreto que el tema de la construcción desmedida en la costa y la aprobación de proyectos controversiales en esta área ha sido tema de debate en nuestro país. No obstante, contrario a lo que señala el ex gobernador, en la mayoría de los casos no se trata de privar a nadie de sus derechos constitucionales sino inversamente de privar a la ciudadanía de sus bienes públicos. Como mínimo resulta interesante destacar que precisamente el tema que trae el ex gobernador en su columna está ante la atención de nuestros tribunales en sonados casos de terrenos costeros en Salinas (Bo. Aguirre), Ponce (Bo. La Esperanza) y Carolina (Balneario Isla Verde). Resulta curioso que estos casos incluyan la participación activa del licenciado Andreu García, ex juez del Tribunal Supremo nombrado por Hernández Colón, el licenciado Hernández Mayoral, hijo de Hernández Colón, y el licenciado César Hernández Colón, hermano del ex gobernador.

Por último, vale destacar que el ex gobernador sugiere que las decisiones administrativas y judiciales en deferencia al peritaje del DRNA han “aterrorizado el imperio de la ley”. Parece cuestionar la participación de los ciudadanos de fiscalizar a las agencias, exigir participación en los procesos y exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentos llamándolos peyorativamente “inexpertos”, de la misma forma que soslaya la importancia del rol de los y las periodistas en nuestro sistema democrático. Nos sorprenden sus aseveraciones, tratándose de quien fuera un hombre de estado.

Contrario a lo que señala el ex gobernador, la mayor vulneración al llamado imperio de la ley se da cuando se insinúa que las agencias deben atender estos asuntos tomando en cuenta solamente los intereses individuales de ciertos propietarios, faltando y pasando por alto lo que los propios reglamentos establecen, ignorando el principio de que las agencias representan sobre todo el “interés público”. Habría que decir que el “rule of law” está precisamente en su mayor punto de riesgo cuando la sociedad desconfía de la transparencia de sus propias instituciones; cuando las instituciones pierden su legitimidad al actuar para beneficiar a un particular en detrimento de la mayoría. El “rule of law” se desvanece también cuando se pretenden usar la posición y el poder de la palabra para convertir en una opinión generalizada la condena a que los ciudadanos – expertos o no- participen en los procesos gubernamentales y en el foro público, cuando se busca que los ciudadanos se cohíban de expresar sus opiniones o de cuestionar acciones gubernamentales que vulneran el interés público; cuando a los ciudadanos se les llama peyorativamente inexpertos y a quienes hacen su trabajo se les dice “burócratas intermedios”; cuando se pretende inhibir a los periodistas de buscar la verdad. Es ahí cuando más se resquebraja el sistema democrático de derecho, cuando se pasan por alto la seguridad colectiva y el bien social. Para evitar esta situación, es indispensable que los ciudadanos puedan libremente cuestionar las acciones gubernamentales. Un sistema democrático exige que el Estado sea responsable ante sus ciudadanos y vele por su bienestar.

*Los autores son miembros de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA)

Notas
1. Rafael Hernández Colón. “The Specter of Paseo Caribe”. Caribbean Business. Volumen 37. No. 1. 8 de enero de 2009. http://www.caribbeanbusinessonline.net/news02.php?nw_id=777&cl_id=2
2. Ley Núm. 151 del 28 de junio de 1968.
3. Marismas son terrenos que se inundan con las filtraciones y aguas extravasadas del mar con el flujo de la marea.

La foto que aparece en este blog fue tomada de la página de la Asociación Nacional de Gobernadores.

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